domingo, 17 de enero de 2021

El derecho a las comunicaciones




Las necesidades de comunicación entre las personas han existido siempre desde que existe la humanidad y a medida que se han desarrollado las civilizaciones y ha aumentado el comercio, la cultura y las comunicaciones cada vez era más necesario el envío de mensajes entre particulares.

Así los servicios postales que se prestaban inicialmente de forma privada, finalmente y con el fin de hacer que fueran asequibles y universales empezaron a prestarse de forma pública. En España como podemos ver en la página de correos, el rey Felipe V en 1706 convirtió el servicio de correos en responsabilidad del estado.

Actualmente el “Servicio Postal Universal” depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y como indica en su web:

“El Servicio postal universal es el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios.
Este servicio incluye las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos, tanto de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso, como de paquetes postales de hasta veinte kilogramos de peso (art. 21 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal).”

Pero estamos en el siglo XXI y este servicio postal actualmente se utiliza muy poco para enviar mensajes como ocurría inicialmente. Ahora su principal función es el envío de paquetes y los mensajes ya llegan a través de otros medios “telemáticos”. Inicialmente fueron el telégrafo y el teléfono pero hoy en día se utiliza internet en todas sus variantes: correo electrónico, aplicaciones de mensajería y redes sociales.



A pesar de que internet no depende de ninguna empresa privada, sí que los servicios mencionados actualmente son prestados por empresas privadas. Esto lleva a noticias como la reciente donde empresas privadas como Twitter o Facebook bloquean la cuenta nada menos que del presidente de los EE.UU.

O servicios que utilizamos habitualmente y de forma casi universal como Whatsapp cambian de forma unilateral sus condiciones y que debemos aceptar sí o sí (o debemos dejar de usar el servicio)

De igual forma que el estado acabó haciéndose responsable del servicio postal no estaría de más que el estado proporcionara a sus ciudadanos un servicio de correo electrónico y mensajería que dependiera del estado y donde se garantizaran además el secreto y la privacidad tal y como marca nuestra Constitución en el artículo 18:

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Que Google declare abiertamente que tiene posibilidad de acceder a nuestro correo electrónico o que WhatsApp diga que puede compartir con otras empresas nuestros contactos se sale de lo que debería ser aceptable en unos servicios que hoy en día son básicos. Y eso es lo que se declara abiertamente, cuántos servicios se nos ofrecerán gratis y luego sin que los usuarios seamos conscientes recopilan datos para a saber qué fines.

No tiene sentido que algo tan privado como el correo electrónico y los contactos personales estén en manos de multinacionales americanas donde no nos cobran en dinero sino que nosotros somos su mercancía.


Habrá quien esté en contra de que el estado controle estos medios electrónicos, pero se trata de facilitar herramientas a los ciudadanos. Si el desarrollo de estas herramientas se realiza con software libre pueden ser auditadas y así garantizarse su neutralidad, seguridad y confidencialidad.

 

 

Carta (CC BY-NC-SA 3.0) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Telefono (CC BY-NC-SA 3.0) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ Fotógrafo: Alessandro Quisi