El 10 de junio de 2020 se aprobó en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra, la Ley del Ingreso Mínimo Vital que tenía como principales objetivos la redistribución de la renta con la
intención de erradicar la pobreza extrema y la inclusión social y
participación en el mercado laboral de las personas en situación de
vulnerabilidad.
Estos objetivos estaban claramente alineados con los ODS 1 y 10, poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades, aunque también en menor medida ayuda a satisfacer otros ODS.
“La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino
una herramienta para facilitar la transición de los
individuos desde la exclusión social que les impone la
ausencia de recursos hacia una situación en la que se
puedan desarrollar con plenitud en la sociedad.”
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital
En diciembre de 2021 se creó la Comisión de Seguimiento del IMV como órgano de cooperación administrativa donde se incluye a las Comunidades Autónomas y a los municipios en el seguimiento del IMV.
También data de ese fecha la creación del Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, que permitió a entidades colaboradoras del tercer sector (ONGs) acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación.
En mayo de 2022 se impulsó desde el Ministerio de Inclusión un paquete de proyectos piloto donde también intervendrán nueve entidades del tercer sector (Cáritas, CEPAIM, Cruz Roja, EAPN, EAPN Canarias, Fundación La Caixa, Ayuda en Acción, Fundación Bofill y Fundación Esplai)
Habrá 18 proyectos que se focalizarán en la reducción de las vulnerabilidades de los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital y otras rentas sociales incidiendo en diversos aspectos como la educación, la digitalización, el empleo, el acompañamiento social o la salud. Los 18 convenios permitirán llegar a beneficiarios de todo el territorio nacional y cubrir todos los ámbitos de inclusión.
En julio de este año se ha aprobado otra iniciativa de cara a reconocer a las empresas que promuevan la inclusión de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV): la creación del Sello Social.
El Sello Social se concibe como una iniciativa de innovación en el ámbito de la colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa, y distinguirá a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión hacia la inclusión y la participación activa en la sociedad.
El Sello se concederá a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como a las fundaciones que contribuyan a la creación de una sociedad más inclusiva.
Finalmente también en julio se realizó la creación del Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital como órgano de consulta y participación con las entidades o plataformas del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.
La implantación del IMV ha sido un reto y por ello la colaboración de diversas administraciones, entidades del tercer sector e incluso de empresas (las Alianzas) ha sido fundamental para que llegue de verdad a las personas que más lo necesitan.
No cabe duda de que se satisfacen varios Objetivos de Desarrollo Sostenible que paso a enumerar:
ODS 1: Poner fin a la pobreza.
ODS 2: Poner fin al hambre.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
ODS 10: Reducir la desigualdad.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS 17: Revitalizar las Alianzas para el Desarrollo Sostenible.
El consenso logrado en el Congreso de los Diputados para su aprobación da una clara idea de que el IMV ha llegado para quedarse porque no cabe duda de que hay derechos fundamentales que debe tener toda persona por el simple hecho de ser persona.
